Los recientes hechos de violencia y de alteración de la convivencia escolar en distintos liceos emblemáticos del país, en especial en la comuna de Santiago y cuya tragedia no tiene comparación; un grupo de dirigentes del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores y dirigentes de liceos emblemáticos se apersonó en el Congreso Nacional para aportar con su visión y solución.
La Senadora Yasna Provoste, impulsora de este encuentro, abrió la sesión declarando “donde hay violencia no hay educación. Necesitamos que nuestras escuelas sean espacios libres de violencia, donde todos los actores sepan resolver los conflictos de manera pacífica y dialogante. Esto es esencial en una escuela chilena en proceso de cambio, que requiere urgentes mejoras en su clima institucional.” A continuación, ella y los pares de la Comisión de Educación, escucharon los relatos y experiencias de dirigentes de los siete establecimientos afectados: Instituto Nacional, INBA, Liceo 1, Liceo Confederación Suiza, Liceo José Victorino Lastarria, Liceo de Aplicación, incluidos los liceos de Providencia. En representación de Providencia participó: Marianela Iñiguez, Presidenta Colegio de Profesores Comunal Providencia y Miriam Rabah, Presidenta del Sindicato de Trabajadores de Providencia.
Los Liceos públicos estamos bajo acoso, de duda cabe; pequeños grupos se permiten protestar y amenazar, apropiarse del espacio, llevar elementos peligrosos, cubrirse con overoles blancos, salir a la vía pública, enfrentarse con las fuerzas del orden, hacer amagos de incendio, provocar explosiones, tal como la ocurrida en el INBA y que dejó a una treintena de estudiantes heridos, cuatro de ellos, en estado de riesgo vital.
Como sindicato de Trabajadores de Providencia queremos señalar lo extremadamente difícil que es abordar el fenómeno de la violencia estudiantil en los colegios, sobre todo en los tiempos donde la agresión se ha ido normalizando.
La violencia que hoy enfrentamos es un reflejo de la violencia estructural que asistimos: los bajos sueldos que sufren las familias, privándolas de recursos necesarios ante una economía donde los costos crecen día a día y no ven el mismo crecimiento de los ingresos, los niveles de inseguridad y delitos que la población sufre y que afectan la normal circulación ciudadana, los niveles de corrupción de figuras públicas que impactan sin duda a nuestros jóvenes generando rencor, resentimiento y degradación de la brújula moral que debe guiar los actos de quienes serán los adultos del mañana. Sumar el tratamiento que hacen lo medios de comunicación de la delincuencia incluso de la protesta estudiantil, centrada en el rating, finalmente, lo que nos afecta de cerca, es la decisión unilateral, arbitraria e ilegal de cierre del Colegio El Vergel, lo que violenta a sus trabajadores, estudiantes y a toda una comunidad, el negarse al traspaso de dicho establecimiento al futuro SLEP Manquehue, etc.
Es más fácil decir que se aplicará mano dura, como si por arte de magia se acabara con el problema a través del uso de elementos punitivos o la criminalización en contra nuestros propios educandos, por el contrario, la chilena en su conjunto debe entregar respuestas solidas en lo legal, educativo y formativo. Para ello sin duda se requieren recursos y profesionales preparados para tan compleja tarea.
Para la enfrentar la violencia estudiantil como la ocurrida en el Instituto Nacional Barros Arana, José Victorino Lastarria, la autoridad con sus diversos niveles de responsabilidades y expertis, debe ofrecer un modelo integral, aplicando todos los recursos que están a disposición, tales como: una ley de convivencia escolar actualizada, protocolos que incorporen todas las posibilidades, la capacitación de profesores y asistentes, la presencia de profesionales psicólogos, orientadores y asistentes sociales que pongan el foco en la salud mental y el proceso de formación preventiva y valórica de los y las estudiantes, sus familias y sobre todo de los trabajadores afectados, mejorando los estándares de la seguridad para evitar enfermedades laborales.
Se debe generar un modelo escolar integral que privilegie el desarrollo socio emocional la formación ciudadana y vida virtuosa de niños, niñas y adolescentes que se incorporen progresivamente como sujetos autónomos y responsables a sociedad chilena.
Lo anterior implica escoger a los líderes más idóneos responsables de nuestras comunidades educativas, con un alto estándar ético, una sensibilidad social particular, con habilidades comunicativas, de trato de trato y de resolución de conflictos a toda prueba.
Junto con ello, será necesario que el establecimiento educacional genere proyectos de educación en habilidades parentales para desterrar toda forma de violencia al interior de los hogares, mismas que se replican en la agresión a profesionales y asistentes de la educación. Si bien la ley Karin ha venido a contribuir en la disminución de la violencia en el espacio de trabajo, aminorando el impacto de dicha violencia en las comunidades, no parece suficiente para eliminar de por sí la violencia en los espacios educativos.
Necesitamos del compromiso de todos los adultos, sobre todo de quienes ocupan espacios de relevancia pública, para mejorar la forma en que todos nos relacionamos, y así ser los modelos referenciales positivos para nuestros jóvenes, debe existir una fuerte regulación de la violencia en los medios de comunicación, como los horarios etc., solo con un fuerte impacto de la educación en toda la sociedad, podremos combatir este flagelo que nos afecta a todos.
Los representantes de los distintos establecimientos emblemáticos e históricos presentaron una propuesta al parlamento para que pueda ser incluida en el presupuesto nacional año 2025.
Se adjunta link de reunión:
https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/exigen-urgente-intervencion-en-liceos-emblematicos-afectados-donde-hay