STProvidencia Sindicato de Trabajadores de la Corp de Desarrollo de Trabajadores de Providencia
Corte Interamericana de DDHH condena al Estado de Chile por deuda histórica con profesoras y profesores de nuestro país.
La decisión de la entidad señala que Chile no cumplió la “debida diligencia” por la asignación especial que les correspondían a 846 docentes luego del proceso de municipalización implementado en dictadura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Chile es responsable “por no cumplir con la debida diligencia” para el reconocimiento del pago de la denominada “deuda histórica” de 846 profesores y profesoras afectados con el proceso de municipalización impuesto en 1981 por la dictadura.
La decisión fue calificada como “de toda justicia” por el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien destacó la decisión de los docentes que “llegaron más allá de nuestras fronteras para exigir justicia”.
“Este es un tremendo logro y un tremendo aliciente para exigir que a la brevedad se resuelva el tema de la deuda histórica. Como Colegio de Profesores, siempre hemos dicho que no desmayaremos hasta que efectivamente se haga justicia con todos las profesores y profesoras que se ven afectados por el no pago de esta deuda histórica”, precisó el dirigente.
Agregó que “con este fallo de la CIDH damos un paso adelante y se produce precisamente cuando tenemos un Presidente electo, quien ha manifestado públicamente, incluso en una entrevista que hicimos aquí en el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, que está disponible y está dispuesto a buscar una reparación y hacerlo como corresponde”.
Además, recalcó que el fallo de la corte demuestra que “la deuda histórica existe. El año 2022 debe ser el año en que se repara definitivamente este dolor que nos acompaña por más de 40 años a la familia magisterial de todo el país”.
¿Qué es la Deuda Histórica?
La Deuda Histórica de los profesores se originó por el incumplimiento de la Ley Nº 3.551 de 1981, que dispuso un reajuste del sueldo base al sector público, estableciendo en su artículo 40 una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
Como resultado de la municipalización impuesta a partir del año 1981, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores.
Esta situación ha llevado a maestros a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia, con el propósito de demandar al Estado una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial.
A fines del 2008 la Ministra de Educación, el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia dan el vamos a la Comisión Deudas Históricas de la Cámara de Diputados, reconociendo la existencia de la Deuda Histórica con los profesores y comprometiéndose a buscar una solución.
Tras años de lucha gremial, en agosto del 2009, el Parlamento aprobó por unanimidad la propuesta de solución elaborada por la Comisión Deudas Históricas.
El fallo
La decisión dada a conocer este martes desde San José de Costa Rica donde la CIDH tiene su sede, señala que el Estado chileno provocó un perjuicio cuando determinó el traspaso de la administración de la educación pública del país desde el nivel central a las municipalidades, lo que generó que el personal docente fuera traspasado bajo la normativa del Código del Trabajo, es decir, aplicando las normas del sector privado.
“Por medio del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado central a las Municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada ‘deuda histórica’ del Magisterio. Sin embargo, la situación fue desigual, ya que algunas personas docentes continuaron recibiendo esta asignación luego de su traspaso a las Municipalidades, gracias a convenios con las mismas Municipalidades o al reconocimiento de que estas sumas formaban parte de su remuneración”, puntualiza el documento.
Los educadores comenzaron a presentar los recursos judiciales correspondientes a partir de 1990 y “en el marco de trece procesos entablados contra las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, se dictaron sentencias en firme que reconocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas en este caso”, precisa la entidad interamericana.
“En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile, entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la Sentencia”, concluye.
Colegio de Profesores
El Colegio de Profesores le exigió al Gobierno cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó el pago de la indemnización los 846 docentes por la denominada “Deuda histórica”.
El presidente del gremio, Carlos Díaz, explicó que el pago «va directamente a los colegas afectados. En situación de que no estén, puesto que hay un 20% que lamentablemente ha fallecido, corresponde que se pague a sus herederos». Respecto a la indemnización, señaló el líder del gremio, «la Corte ha determinado que para cada profesor en promedio —porque no es que sea exacto a cada uno— son $90 millones».
Además, emplazó al Gobierno, señalando que “no ha escuchado”, a que se “resuelva este problema y de cumplimiento a esta condena”.
«A los que están fuera, que son muchos más de 846, tendremos que ver con la autoridad cuál es la propuesta», puntualizó Díaz.
La CIDH estimó que el Estado chileno resultó responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.
Comunicado CIDH
